Miércoles 13 de febrero de 2002
		En la picota
		En nuestro país ha sido habitual que los jueces investiguen con vigor a funcionarios de gobiernos desplazados.
		Según parece, hay quienes creen que en verdad el ex presidente Fernando de la Rúa no es el político vacilante y débil que haría suponer su imagen pública sino un hombre durísimo, casi un nazi, que sería plenamente capaz de ordenar sin inmutarse el asesinato de manifestantes que lo molestaban. Por lo menos, ésta sería la convicción de quienes no disimulan su deseo de que la investigación que ha emprendido la jueza hiperactiva María Servini de Cubría de lo ocurrido en Plaza de Mayo la noche del 20 de diciembre culmine con el encarcelamiento del ex mandatario además, claro está, del ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos; el ex ministro del Interior, Ramón Mestre, y el ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov. Sin embargo, si bien es necesario que incidentes de aquel tipo sean plenamente aclarados, también lo es impedir que las causas resultantes sean tan politizadas que sólo sirvan para desviar la atención de lo que realmente ocurrió. De más está decir que hasta ahora no se ha encontrado nada que haría pensar que De la Rúa haya actuado como el jefe de una banda de "represores" despiadados ni que los colaboradores presuntamente involucrados hayan ordenado a los efectivos policiales vaciar la plaza a sangre y fuego. Es probable que hayan querido que usaran la fuerza en defensa de la Casa Rosada y de su propia integridad física, lo cual sería perfectamente legítimo en cualquier parte del mundo, pero sería excesivo suponer que por eso eran directamente responsables de la sobrerreacción, premeditada o no, de los policías que mataron a cinco manifestantes. Por supuesto que a muchos les convendría que el estallido de violencia que precedió a la caída del gobierno aliancista pudiera ser atribuido a nada más que la hipotética brutalidad de De la Rúa por tratarse de un político tan desprestigiado que incluso algunos correligionarios quisieran verlo expulsado de la UCR, es de suponer por creer que sólo así podrían distanciarse de su fracaso. Asimismo, de adquirir tal análisis de los acontecimientos del 20 de diciembre el status de una verdad revelada, perderían importancia otras interpretaciones más problemáticas de lo sucedido según las cuales el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, acompañado por ciertos caciques peronistas del conurbano bonaerense, aprovecharon la ocasión para asestarle al gobierno el golpe de gracia fomentando los actos de vandalismo que transformaron lo que había comenzado como un cacerolazo pacífico en una multitud de disturbios sangrientos que, de haber continuado, pudieran haber tenido consecuencias mucho más trágicas que las que en efecto se concretaron. Puesto que el gobierno de De la Rúa ya se ha ido y Ruckauf es canciller, hurgar demasiado en el pasado reciente podría hacer aún más complicado el panorama político nacional, pero esto no quiere decir que la persecución judicial de De la Rúa y otros integrantes de su gobierno sea una señal de que por fin la Justicia está aprendiendo a actuar con independencia. Muchos han llamado la atención al hecho indiscutible de que antes de iniciarse la gestión del actual presidente Eduardo Duhalde, virtualmente todos los cacerolazos se vieron seguidos por saqueos y por ataques impunes contra sedes bancarias, pero que a partir de entonces todos han concluido sin que se hayan producido episodios violentos de ninguna clase. Puede que la diferencia llamativa entre las manifestaciones preduhaldistas y las siguientes se haya debido a nada más siniestro que la mayor autoridad del nuevo gobierno, pero sorprendería que muchos lo creyeran. Sea como fuere, no es muy probable que la Justicia trate de averiguar exactamente lo que sucedió en vísperas de la caída de De la Rúa o en las de Adolfo Rodríguez Saá. En nuestro país, siempre ha sido habitual que los jueces investiguen con vigor encomiable la conducta de funcionarios cuando el gobierno del cual formaban parte ya se había visto desplazado o cuando estaba por desmoronarse, anomalía que podría achacarse no tanto al oportunismo impúdico cuanto a la sensibilidad de muchos magistrados frente a estos cambios de clima político que hacen que dirigentes acostumbrados a recibir todos los beneficios de la duda se ven convertidos repentinamente en reos despreciables que merecen ser tratados con dureza ejemplar.
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